Beatriz Hernández
XALAPA, VER. – Lo que comenzó como una exigencia de derechos laborales básicos ha derivado en una crisis de libertad sindical. El Sindicato Innovador Magisterial Veracruzano (SIMVE) denunció públicamente una estrategia de intimidación que incluye amenazas de desalojo, procesos legales contra líderes y el intento inédito de retirar el registro oficial a la organización.
En conferencia de prensa, el secretario general del SIMVE, Gerardo Velásquez Maravert, y el asesor legal Juan José Yáñez Gil, alertaron sobre un ambiente de hostilidad creciente tras la protesta que mantienen trabajadores del Programa Vasconcelos frente a la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV).
Velásquez Maravert calificó como "un hecho sin precedentes" las versiones que apuntan a un intento por invalidar su toma de nota.
“Sería histórico que intentaran retirar la toma de nota a un sindicato; no me afectaría a mí, sino a todos los trabajadores que represento”, advirtió el dirigente.
Por su parte, el abogado Yáñez Gil denunció haber recibido advertencias sobre una posible orden de aprehensión en su contra, interpretando esto como una táctica para descabezar la defensa legal de los empleados.
El origen: Despidos y salarios precarios
El conflicto, que data de 2023, tiene raíces profundas en las condiciones laborales del Programa Vasconcelos:
Salarios insuficientes: Denuncian ingresos por debajo del salario mínimo.
Falta de seguridad social: Trabajadores operan sin acceso a servicios de salud.
Represalias legales: Tras interponer demandas por reconocimiento laboral, los empleados fueron separados de sus funciones.
Coacción: El sindicato acusa que se condiciona la permanencia en el empleo a cambio de que los trabajadores se desistan de sus demandas legales.
La protesta se mantiene firme, bajo la advertencia de que la resolución de este conflicto sentará un precedente para el resto de las organizaciones laborales en Veracruz.
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