Beatriz Hernández.
Veracruz, México – La Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV), una institución que por más de 15 años ha sido un "refugio académico para jóvenes y adultos trabajadores", se encuentra al borde de una crisis que amenaza con negar el derecho a la educación a miles de estudiantes. La situación ha escalado, llevando a docentes y directores a hacer un llamado urgente a las autoridades estatales y federales ante lo que consideran un golpe directo al futuro de Veracruz.
Cierres de Planteles y un Derecho en Riesgo
La rectoría de la UPAV ha implementado una medida que estipula el cierre de planteles si no se alcanza un mínimo de 25 estudiantes en bachillerato y 15 en licenciatura. Esta decisión impacta severamente en municipios serranos y zonas donde "abrir una escuela es casi un milagro", como Zongolica, Cuautlapan, Nogales, Acultzingo, Tecamalucan, Córdoba, Orizaba, Huatusco, Xalapa, Astacinga e Ixtaczoquitlán. Para muchos, el sistema abierto de la UPAV, con clases presenciales los fines de semana, ha sido la única alternativa para acceder a la educación media y superior.
La preocupación es palpable entre "jóvenes rechazados de otras instituciones públicas, madres y padres de familia que buscan superarse, trabajadores que ven en el bachillerato y las licenciaturas una llave hacia un empleo digno". Testimonios de docentes reflejan la incertidumbre, preguntándose cómo explicarán a los estudiantes de primer trimestre que el ciclo podría no ser válido. Se han reportado carreras cerradas sin previo aviso y maestrías en pausa, con estudiantes que ya pagaron inscripciones sin una promesa clara de reembolso. Esta situación, según los afectados, convierte la educación en un privilegio sujeto a cuotas mínimas de inscripción, en contradicción con el Artículo 3° de la Constitución que la consagra como un derecho humano irrenunciable.
Opacidad Financiera y Explotación Laboral
A la amenaza educativa se suma una delicada situación financiera. Profesores y directores, denominados "asesores solidarios", arrastran adeudos desde el ciclo anterior y perciben apenas 1890 pesos por materia por cuatrimestre, un monto que roza la explotación. Mientras tanto, las cuotas de recuperación pagadas por miles de estudiantes, que suman millones de pesos cada ciclo, son un misterio: se depositan en una asociación sin razón social conocida, sin transparencia y sin rendición de cuentas.
Ante este panorama, los "asesores solidarios" han hecho un llamado urgente al secretario de Educación Pública, Mario Delgado; a la gobernadora Rocío Nahle; al secretario de Gobierno, Ricardo Ahued; y a la secretaria de Educación estatal, Claudia Tello. Sus demandas son claras: investigar a fondo el destino de las cuotas de recuperación, respetar los estatutos de la Ley 276 que dio origen a la UPAV, y garantizar la continuidad del servicio educativo.
La Ley 276 de la UPAV: Una Visión de Inclusión y Transparencia Ignorada
La Ley Número 276, publicada el primero de agosto de 2011, creó la Universidad Popular Autónoma de Veracruz como un organismo descentralizado del gobierno estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizada a la Secretaría de Educación. Su objeto principal es la "impartición de servicios educativos de nivel medio superior y educación superior, de manera especial en aquellas comunidades de la entidad con alto rezago educativo".
La ley enfatiza que la UPAV se rige por los principios del Artículo 3° Constitucional, promueve "modalidades educativas flexibles" como la educación abierta, semiescolarizada y a distancia, en horarios y ciclos diferentes a los tradicionales, para el cumplimiento de su objeto [9-I, 9-II]. Además, establece que la universidad se apoyará en la "labor social y voluntaria" de su personal académico y administrativo, incluyendo el de "carácter solidario u honorífico".
En cuanto a su patrimonio, la ley detalla que se constituye por bienes, aportaciones de los gobiernos federal, estatal y municipal, donaciones, y "los derechos que perciba por la prestación de servicios" [10-IV]. El Artículo 8° de la Ley 276 es explícito al señalar que la Universidad "administrará su patrimonio con sujeción a las disposiciones jurídicas y demás instrumentos legales aplicables, para destinarlo al cumplimiento de sus fines" [10-VIII]. La Universidad cuenta con una Junta de Gobierno, su máximo órgano de dirección, integrada por altos funcionarios como el Gobernador, el Secretario de Educación, y el Secretario de Finanzas y Planeación, entre otros. Entre sus atribuciones está aprobar el presupuesto de egresos y el informe anual del Rector [14-IX, 14-VIII].
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