XALAPA, VER. – Integrantes de la Asociación Civil Unidad Habitacional Teocali, conformada mayoritariamente por maestros jubilados de la Universidad Veracruzana (UV), hicieron un llamado urgente a la gobernadora Rocío Nahle García. Denuncian el despojo de un predio de más de una hectárea en la colonia Vadillo, una situación que califican como un atropello judicial y administrativo.
Cronología de un despojo
La problemática, que ha persistido por casi tres décadas, se resume en los siguientes puntos clave:
1997: 30 docentes adquieren legalmente el terreno (ubicado en la calle Agustín Lara, zona de Ánimas) mediante descuentos vía nómina coordinados por el FESAPAUV.
1997 (Invasión): El predio es ocupado ilegalmente el mismo año de su compra.
Actualidad: Los propietarios originales siguen pagando predial y poseen escrituras, pero el acceso está bloqueado por locales comerciales construidos por los invasores.
Irregularidades en el Juzgado Cuarto Civil
Carlos Alejandro Arias de León, miembro de la asociación, reveló una maniobra legal que los dejó en estado de indefensión en 2021:
Juicio en "lo oscuro": Se promovió un juicio de prescripción positiva para que los invasores obtuvieran la propiedad legal.
Falta de notificación: Los académicos aseguran que nunca fueron notificados, a pesar de tener un domicilio fiscal conocido en las oficinas del sindicato en la calle Madero.
Sentencia de despojo: El juzgado falló a favor de los invasores basándose en que el actuario supuestamente "no pudo localizar" a los dueños.
“Fuimos dueños desde 1997 y nunca nos notificaron. El proceso se llevó a cabo sin nuestra defensa. Es un caso de 'carterismo inmobiliario'”, denunció Arias de León.
El factor humano: Un sueño que se apaga
Celia Cecilia Acosta Hernández, presidenta de la asociación, lamentó que tras 28 años de litigio, varios de los 30 socios originales han fallecido sin poder ver construida la casa por la que ahorraron durante su vida laboral.
Estatus legal actual
Aunque un primer amparo contra la sentencia les fue negado, el caso se encuentra actualmente en revisión. Los afectados piden que el Gobierno del Estado, que recientemente anunció auditorías contra el "cártel inmobiliario", intervenga para investigar las irregularidades procesales en el sistema judicial que permitieron este despojo.






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