Beatriz Hernández
La representación estatal del partido político Somos México presentó cinco quejas ante el Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLE) en contra de los presidentes municipales de Xico, Teocelo, Ayahualulco y Totutla, así como de la directora del Instituto Tecnológico Superior de Zongolica, acusándolos de incurrir en presuntos actos anticipados de campaña y en el posible uso indebido de recursos públicos.
En conferencia de prensa, el dirigente estatal de Somos México, Julián Javier González Suárez, informó que los señalamientos van dirigidos contra:
- Eduardo Pozos, alcalde de Xico.
- Daniela Villegas, alcaldesa de Teocelo.
- Claudia Liliana Castillo Pimentel, alcaldesa de Ayahualulco.
- Ubaldo Pérez Vallejo, alcalde de Totutla.
- Irma Mezhua Campos, directora del Instituto Tecnológico Superior de Zongolica.
Proselitismo en horario laboral y uso de recursos
Según la denuncia presentada, los servidores públicos habrían asistido a eventos partidistas de Morena —incluido un acto de respaldo al dirigente estatal de ese instituto, Esteban Ramírez Zepeta— en días y horas hábiles. Como parte de las pruebas entregadas al órgano electoral, la representación partidista exhibió fotografías de un evento realizado el pasado 5 de agosto de 2026, alrededor de las 11:30 horas.
González Suárez subrayó que, al recibir un sueldo del erario y disponer de medios públicos de traslado, los funcionarios tienen la prohibición estricta de realizar o participar en actividades de proselitismo durante sus jornadas de trabajo, con independencia de si aspiran o no a una candidatura.Exigen cese e investigaciones administrativas y penales
Ante estos hechos, el dirigente exigió a la autoridad electoral actuar de manera imparcial y enérgica. Asimismo, hizo un llamado a la gobernadora de Veracruz, Norma Rocío Nahle García, para que ordene la destitución de Irma Mezhua Campos al frente del Tecnológico de Zongolica.
Somos México detalló que, una vez desahogado el procedimiento de investigación por parte del OPLE, evaluarán recurrir a la Fiscalía General del Estado para que se indague la posible comisión de delitos electorales o de corrupción derivados del uso indebido de recursos públicos.






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