XALAPA, VER. – En una de las advertencias más contundentes en lo que va de la administración, el secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, anunció una cacería legal contra las redes de defraudadores que operan en el estado. El funcionario advirtió que se realizarán revisiones exhaustivas a notarías y al Registro Público de la Propiedad para frenar el robo de patrimonio a ciudadanos, especialmente a adultos mayores.
Limpia en notarías y el Registro Público
Ahued informó que desde este lunes iniciaron inspecciones notariales en Xalapa, las cuales se extenderán a todo el territorio veracruzano. El objetivo es detectar anomalías en trámites que hayan facilitado despojos indebidos.
“El mensaje es claro: esto va en serio y caiga quien caiga. En este gobierno ni se esconde ni se tolera la corrupción”, sentenció el secretario.
Aunque reconoció la disposición del Colegio de Notarios para colaborar, precisó que las patentes notariales podrían ser suspendidas o retiradas definitivamente si se comprueban irregularidades. De igual forma, confirmó que ya existen denuncias formales que involucran incluso a personal del propio gobierno estatal.
Desarticulación de "redes de defraudadores"
El funcionario identificó la operación de grupos integrados por abogados, particulares y "pseudoabogados" que utilizan títulos expedidos en otros estados y notifican sin domicilios legales en la capital para apropiarse de inmuebles.
Como medida de protección inmediata, Ahued anunció una política de revisión previa a cualquier orden de desalojo: antes de ejecutarse, el Ejecutivo verificará que el proceso judicial no presente vicios o irregularidades que vulneren a la población.
Casos clave y justicia laboral
Conflicto en Perote: El secretario confirmó denuncias por un presunto intento de despojo de 500 hectáreas en dicha zona. Aseguró que el Estado defenderá tanto el patrimonio público como los derechos de los particulares frente a grupos con alto poder económico.
Justicia para "meritorios": Ante el hecho de que el Registro Público genera más de 300 millones de pesos anuales, se evalúa integrar formalmente a los trabajadores "meritorios" que llevan años operando sin prestaciones, reconociendo su papel clave en la atención ciudadana.
Un gobierno de puertas abiertas
Finalmente, Ricardo Ahued destacó que la Secretaría de Gobierno se ha convertido en un espacio de confianza donde la ciudadanía acude a denunciar prácticas abusivas que antes se callaban. Reiteró que la instrucción es actuar bajo el Estado de Derecho, pero con mano firme contra quienes han hecho del despojo un negocio.
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